¿ONGs en la mira?

Tomado de la Republica.

Hace unas semanas el congreso de la Republica aprobó el Proyecto de Ley No. 025/2006-PE, que modifica la Ley N° 27692 ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI. Lo que busca la ley recientemente aprobada es “fiscalizar los recursos con los que cuentan las ONGs”. Como bien sabemos una organización no gubernamental (más conocida por sus siglas ONG) es una entidad de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobierno locales, regionales y nacionales, así como también de los organismos internacionales.

Esta cuestionada ley ha originado un sin número de protestas y discrepancias. Por un lado hay personas que piensan que las ONGs han abusado por mucho tiempo de su “cuasi inmunidad” para hacer y deshacer sin que nadie les diga nada. Por otro lado, otros piensan que estas ONGs son necesarias. En lo que a mi respecta les diré que he podido ver las dos caras de la moneda. Aún así, creo que el trabajo que muchas ONG realizan en el Perú es loable.

Pero, hagamos un poquito de memoria. ¿Porque se fundaron las ONGs en nuestro país?. Pues justamente porque durante muchos años las contribuciones que venían del extranjero no llegaban a su destino. Los gobiernos de turno hacían y deshacían de los recursos obtenidos y estos eran utilizados en su gran mayoría para objetivos totalmente ajenos para los que fueron destinados. Sin duda que una “salida” lógica a este escollo era que existiera un “ente” que pudiera recepcionar este tipo de ayuda y emplearlo en los fines para los cuales fue solicitado. Por otro lado es cierto que los recursos deben ser fiscalizados. Pero me pregunto, ¿esto ya no lo hace la APCI? o en algunos casos la SUNAT?. ¿No será que hay un trasfondo de todo esto?. Pues claro que si, la gran pregunta es ¿Quién va a fiscalizar los recursos de las ONGs? ¿Cómo serán los mecanismos para dicha fiscalización? ¿Serán claros y transparentes como dicen? ¿Qué es lo que realmente se busca con todo esto?. Hay tantas preguntas y la única respuesta por parte del gobierno es: “se busca transparencia”. La APCI se ha pronunciado al respecto.

Pero como se puede buscar transparencia con una ley que por un lado tiene nueve puntos de inconstitucionalidad como bien afirma la presidenta de Transparencia Pepi Patrón. Analicemos un poquito más a fondo: El proyecto de Ley dice en el Art. 3 que “es responsabilidad de la APCI priorizar la ayuda internacional independientemente de la naturaleza jurídica de la fuente cooperante”, en pocas palabras es la APCI quien decide que proyectos son prioritarios y cuales no. Entonces lo que se busca es que dicha ayuda se otorgue “en función de la “política nacional de desarrollo” (Art. 3). ¿Existe esta política? ¿donde esta?.

El Art. 3 continúa: “La ayuda se otorga en función del interés público”. Bingo, y ¿Quién determina interés público? La APCI, o sea el gobierno. Por eso, en el Art. 5 se dice que “cada uno de los programas, proyectos o actividades que se ejecuten con recursos de cooperación internacional, deben inscribirse en el Registro de Proyectos de la APCI”. Si no cumplen con el “interés público”, entonces la APCI puede eliminarlos. En pocas palabras, toda cooperación internacional debe inscribirse en la APCI y esta decidirá si va o no, o mejor dicho si le conviene o no al gobierno.

Ese es el verdadero objetivo: sacar del camino a las ONG que “incomodan” a los grupos de poder económico y político. Por tanto, la ley tiene nombre propio: son las empresas mineras, que desean explotar los recursos naturales allí donde les de la gana, sin respetar los derechos de las comunidades de la zona ni el medio ambiente, que son defendidos por ONGs. Allí tenemos Cerro Quilish, Combayo, Majaz y muchas más. Ya era medio extraño que las Compañías mineras aceptaran sin mucho protestar dar el famoso “apoyo económico solidario” cuando el gobierno decidió pasar el sombrero. Y aun hay más. ¿Que pasa con las ONGs que tienen proyectos para investigar los crímenes contra los derechos humanos?. Podemos prever un recorte de actividades en ONG defensoras de los derechos humanos, comenzando por Aprodeh y la Coordinadora de Derechos Humanos. Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética, indicó que la aprobación de la norma es muy peligrosa porque debilitará la fiscalización al gobierno "Lo que se busca es “acallar” a las ONGs".

Con la actitud del gobierno se corre el riesgo de que mucha ayuda internacional se pierda en vista que en el Perú no se respetan ciertas normas establecidas por el donante. Esto es afirmado por el jurista Javier de Belaunde "De esta forma se desconoce el contrato privado de donación por el cual el donante establece a qué fines y proyectos se debe destinar su dinero a través de las entidades de cooperación”. Esperemos que con esta ley los más pobres no sean perjudicados.

Tomado de Infocusco

Es cierto que es necesario hacer una revisión de las actividades de algunas ONGs, pero ¿porque hacerlo con una ley?. ¿El país no tiene en este momento otras prioridades?.

Pues bien, el debate ya empezó y lo que es más triste este mal ejemplo ha sido seguido increíblemente por el señor Hugo Chavez…. aunque usted no lo crea.