24 años de vergüenza

El 26 de enero de 1983 en la comunidad altoandina de Uchuraccay, Ayacucho, nueve personas ocho periodistas: Jorge Sedano Falcón (Diario La República), Eduardo de la Piniella Palao (El Diario de Marka), Willy Retto Torres (Diario El Observador), Pedro Sánchez Gavidia (El Diario de Marka), Amador García Yanque (Semanario Oiga), Jorge Luis Mendivil Trelles (Diario El Observador), Félix Gavilán Huamán (El Diario de Marka), Octavio Infante García (Diario Panorama de Huamanga) y el guía Juan Argumedo García fueron muertos dentro de un escenario de alta violencia política.

Definitivamente desde un comienzo las investigaciones estuvieron mal encaminadas. El presidente en ese entonces Arq. Fernando Belaúnde nombró en cuestión de días a una comisión sin atribuciones judiciales, presidida por Mario Vargas Llosa, en la que participaban, el presidente del Colegio de Periodistas del Perú, Mario Castro Arenas, y un jurista, Abraham Guzmán Figueroa. Esta comisión tenía como objetivo Investigar las causas y plantear los indicios de culpabilidad. La Comisión emitió después de poco tiempo un informe en el que se responsabilizó a la "sociedad entera" del crimen, explicando la actitud de los comuneros por el aislamiento en el que vivían. Posteriores investigaciones policiales y judiciales presentaron numerosas ineficiencias y no se detuvo a ningún comunero. Meses después varios de los supuestos asesinos desapareciendo o fueron a su vez asesinados en circunstancias sospechosas. Años más tarde, y por el trabajo de diferentes organismos de defensa de los derechos humanos, se llegó a la conclusión de que los comuneros actuaron instigados por los Infantes de Marina, quienes días antes habían llegado a Uchuraccay con víveres, para promocionar la nueva estrategia antisubversiva planteada por el general por el general Clemente Noel, jefe político-militar de la zona. Durante el gobierno de Alberto Fujimori el General Noel fue absuelto como autor intelectual del crimen, además el 27 Juzgado permitió que los delitos contra los que sí se le había sindicado responsabilidad -abuso de autoridad y contra la administración de justicia- prescribieran.

Por otro lado, muchos años después, salió a la luz la verdadera razón por la cual Vargas Llosa y los demás miembros de la Comisión Uchuraccay, habían llegado a una conclusión tan genérica y que no resolvía, sino que por el contrario empantanaba, la búsqueda de una verdadera justicia: la Comisión prefirió evitar las consecuencias político-militares de inculpar a miembros del Ejército y de la Marina difuminando la responsabilidad que, en 1987, recayó sobre tres miembros de la comunidad, Dionisio Morales, Simeón Aucatoma y Mariano Ccasani, quienes fueron condenados a penas privativas de la libertad entre 10 y 6 años, penas mínimas por el atenuante de tener una condición "semi-civilizada". De esta manera se ha silenciado durante todo este tiempo los pedidos de justicia por parte de los deudos, utilizando una vez más a la parte más débil, la población indígena, como chivos expiatorios de un delito instigado directamente por la Marina y el Ejército.

Ya han pasado 24 años de esto y lo peor de todo es que no hay indicios de querer hacer justicia, no hay culpables, no hay pruebas… no hay nada,,,, debería cerrase este caso de una vez, pero cerrase sentenciando a los culpables. La inmolación de estos ocho periodistas mártires y su guía, en Uchuraccay en su búsqueda de la verdad en medio de la pesadilla de la guerra interna, deja una lección de coraje y sacrificio, así como un hito en la ruta por la paz y la reconciliación nacional, para que la barbarie nunca se repita.